SPOILER ALERT!
En El IES Ramón Llull No Tienen Seguridad Privada (12)
La dirección de Eulen tiene previsto valorar hoy la propuesta y trasladar su candidato a los representantes sindicales de la plantilla. La propuesta de partida es la elaborada por la Generalitat de Cataluña dentro de las competencias de mediación laboral que le competen en su territorio. En un principio los escoltas de estas comunidades ofrecieron sus servicios para proteger a las víctimas de violencia machista en situación de riesgo extremo, pero el propio ministro explicó en su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado 20 de marzo que de momento no era posible porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas. Una medida que se inició en estas comunidades y que posteriormente se ha extendido al resto de escoltas con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.
El Ministerio del Interior pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA. El refuerzo de las unidades del Instituto Armado en la zona supone una medida transitoria dirigida a evitar las aglomeraciones frente a los arcos de seguridad que estaba generando la huelga de vigilantes. Fue precisamente ese rechazo el que dio inicio a una huelga indefinida que hoy alcanza la cuarta jornada de paros. La aprobación del laudo por parte del Gobierno suscitó el rechazo de los sindicatos y del PSOE, que califican la medida como «autoritaria» e «ilegal». Por esta razón, el pasado 18 de julio representantes de estos sindicatos se reunieron en el Congreso con diputados del PSOE e IU a quienes mostraron su rechazo a la intención del Gobierno que, en su opinión, no conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios.
Sin olvidar que, tal y como explica este experto, "si hay defectos que subsanar, el gasto puede dispararse". Ante la emergencia nacional, el sector exige que “el Gobierno debe establecer un protocolo para las actuaciones destinadas a asegurar la habitabilidad de las viviendas en las que reside alguna persona afectada por el coronavirus” para evitar “situaciones de desamparo del enfermo” y “no poner en riesgo a los reparadores”. Se encarga de la defensa del territorio y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-III-E en caso de desastres. Su uso en España está prohibido, a excepción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A esta mesa general están llamados los grandes sindicatos como UGT y CCOO, que en los últimos días han reclamado una solución global al problema de las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad en España. El titular de Fomento insistió en que el objetivo es que este grupo de trabajo «acelere el establecimiento de un marco global de ámbito nacional» en el sector de la seguridad privada y que «determine condiciones concretas», evitando así que haya empresas que se desmarquen de los pactos sectoriales. El objetivo es que este esquemaregule todas las contrataciones públicas que se realicen por parte de la Administración -ya sea estatal, autonómica o local-, evitando que algunas empresas impongan sus propias condiciones y se generen crisis como la del aeropuerto de El Prat.
Por otro lado, el Consejo de Ministros celebrado ayer con carácter extraordinario lanzó el procedimiento arbitral para desatascar la crisis en los filtros de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat. Los sindicatos CC.OO., UGT y USO en Aena registraron ayer la convocatoria de 25 días de huelga anunciada a partir del 15 de septiembre en todos los centros de trabajo del Grupo Aena -integrado por ENAIRE y Aena- ante la Comisión de Interpretación, Conciliación y Arbitraje (CIVCA). Este marcará el acuerdo salarial y será vinculante para ambas partes, por lo que a partir de ese momento los trabajadores tendrían que anular su huelga indefinida y volver a sus puestos de trabajo. A partir de ese momento se abre una nueva fase en la que el árbitro tendrá 10 días para elaborar su laudo. El principal negocio del cártel de Sinaloa es traer cocaína de Colombia y Perú y transportarla y entregarla en Estados Unidos, y ese negocio es extremadamente complejo, no cualquiera lo puede hacer.
Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil informó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de que los planes de Interior de privatizar parte del servicio de vigilancia exterior de las cárceles sería paulatina y no traumática para los agentes afectados. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas. In- gresos 150 a 200 mil mensuales. Ésta proponía un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas, pero fue rechazada el pasado domingo en asamblea por la plantilla de Eulen con 150 votos en contra y 36 a favor. La multa, de entre 3.001 y 60.000 euros. Los empresarios tenían derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante "los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo". Las nuevas empresas defienden que quienes prestan sus servicios al amparo de la plataforma no son trabajadores, sino empresarios independientes y, por ello, no les asiste la legislación laboral, algo que ha ido en detrimento de su calidad de vida, generando agitación y protestas.
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El Ministerio del Interior pondrá en marcha en el último trimestre del año el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA. El refuerzo de las unidades del Instituto Armado en la zona supone una medida transitoria dirigida a evitar las aglomeraciones frente a los arcos de seguridad que estaba generando la huelga de vigilantes. Fue precisamente ese rechazo el que dio inicio a una huelga indefinida que hoy alcanza la cuarta jornada de paros. La aprobación del laudo por parte del Gobierno suscitó el rechazo de los sindicatos y del PSOE, que califican la medida como «autoritaria» e «ilegal». Por esta razón, el pasado 18 de julio representantes de estos sindicatos se reunieron en el Congreso con diputados del PSOE e IU a quienes mostraron su rechazo a la intención del Gobierno que, en su opinión, no conseguirá ni abaratar costes ni mejorar la calidad de los centros penitenciarios.
Sin olvidar que, tal y como explica este experto, "si hay defectos que subsanar, el gasto puede dispararse". Ante la emergencia nacional, el sector exige que “el Gobierno debe establecer un protocolo para las actuaciones destinadas a asegurar la habitabilidad de las viviendas en las que reside alguna persona afectada por el coronavirus” para evitar “situaciones de desamparo del enfermo” y “no poner en riesgo a los reparadores”. Se encarga de la defensa del territorio y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-III-E en caso de desastres. Su uso en España está prohibido, a excepción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A esta mesa general están llamados los grandes sindicatos como UGT y CCOO, que en los últimos días han reclamado una solución global al problema de las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad en España. El titular de Fomento insistió en que el objetivo es que este grupo de trabajo «acelere el establecimiento de un marco global de ámbito nacional» en el sector de la seguridad privada y que «determine condiciones concretas», evitando así que haya empresas que se desmarquen de los pactos sectoriales. El objetivo es que este esquemaregule todas las contrataciones públicas que se realicen por parte de la Administración -ya sea estatal, autonómica o local-, evitando que algunas empresas impongan sus propias condiciones y se generen crisis como la del aeropuerto de El Prat.
Por otro lado, el Consejo de Ministros celebrado ayer con carácter extraordinario lanzó el procedimiento arbitral para desatascar la crisis en los filtros de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat. Los sindicatos CC.OO., UGT y USO en Aena registraron ayer la convocatoria de 25 días de huelga anunciada a partir del 15 de septiembre en todos los centros de trabajo del Grupo Aena -integrado por ENAIRE y Aena- ante la Comisión de Interpretación, Conciliación y Arbitraje (CIVCA). Este marcará el acuerdo salarial y será vinculante para ambas partes, por lo que a partir de ese momento los trabajadores tendrían que anular su huelga indefinida y volver a sus puestos de trabajo. A partir de ese momento se abre una nueva fase en la que el árbitro tendrá 10 días para elaborar su laudo. El principal negocio del cártel de Sinaloa es traer cocaína de Colombia y Perú y transportarla y entregarla en Estados Unidos, y ese negocio es extremadamente complejo, no cualquiera lo puede hacer.
Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil informó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de que los planes de Interior de privatizar parte del servicio de vigilancia exterior de las cárceles sería paulatina y no traumática para los agentes afectados. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas. In- gresos 150 a 200 mil mensuales. Ésta proponía un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas, pero fue rechazada el pasado domingo en asamblea por la plantilla de Eulen con 150 votos en contra y 36 a favor. La multa, de entre 3.001 y 60.000 euros. Los empresarios tenían derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante "los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo". Las nuevas empresas defienden que quienes prestan sus servicios al amparo de la plataforma no son trabajadores, sino empresarios independientes y, por ello, no les asiste la legislación laboral, algo que ha ido en detrimento de su calidad de vida, generando agitación y protestas.
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